Mi hijo me metió en esto, dice que si me falla la memoria aquí queda reflejado, y como ya lo mio son historias de abuelitas
domingo, 30 de enero de 2011
¡En que manos estamos!
No doy credito, por más vueltas que le doy, bien dice el titulo el mundo al reves
PILAR RUBIERA El 21 de abril de 2010, LA NUEVA ESPAÑA publicaba el hallazgo en el búnker de la Campa Torres, de unas veinte mil piezas arqueológicas en estado de abandono. La noticia trascendió un año después de que el zulo fuera descubierto, en marzo de 2009, por el arqueólogo de la Consejería de Cultura, Ángel Villa, que buscaba en los almacenes de la Campa piezas para el futuro Museo Arqueológico.
Villa notifica del hallazgo a la responsable de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Pilar Lafita, organismo del que depende la Campa, y a la directora del Museo Arqueológico, Elisa Collado. Aporta un informe y un reportaje fotográfico. La Consejería de Cultura considera que cometió «una falta muy grave» por no informar a su jefa de servicio, que se entera del hallazgo el día 29 de marzo de ese mismo año, por un documento que envía a la Consejería la Fundación Municipal de Cultura Gijón.
La calificación de esa falta administrativa está penada con: 1/ Despido disciplinario. 2/ Suspensión de empleo y sueldo con una duración máxima de 6 años. 3/ Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. 4/ Demérito, que consistirá en la penalización a afectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
La Consejería de Cultura no se pregunta quién dejó las piezas en ese lugar y en qué medida las administraciones son responsables de tamaño atentado patrimonial.
Las excavaciones en la Campa Torres habían concluido diez años antes y habían sido realizadas por el fallecido José Luis Maya y Francisco Cuesta, director desde enero de 2010 del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Las hemerotecas son ayuda fundamental en estos casos. El mismo día que este diario publicó la noticia, Francisco Cuesta habló con LA NUEVA ESPAÑA. Fue el único a quien no sorprendió el hallazgo. «Hace mucho que no voy por allí, casi milenios, por tanto no sé qué se hizo con los materiales que depositamos en una especie de almacén». Cuesta atribuyó la responsabilidad del estado del material a la directora de Museos del Ayuntamiento, Paloma García.
Olvidó Cuesta y olvida Cultura, tan legalista ella, dos preceptos fundamentales en la actividad de cualquier arqueólogo: el artículo 67.4 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural y artículo 42.2 de la Ley/85 de Patrimonio Histórico Español. Dicen así: los materiales arqueológicos se entregarán en el Museo Arqueológico de Asturias «debidamente inventariados, catalogados y acompañados de la memoria de excavación», imperativo que lleva implícita la formalización tanto del depósito de los materiales en el Museo como de un documento con el inventario y, en su caso, memoria que lo acrediten.
Olvida Cultura también que su titular, Mercedes Álvarez, dijo en sede parlamentaria que el lugar donde se hallaron los restos era un «depósito deslocalizado» y, sobre todo, olvida el dictamen de la fiscalía, que tachaba de «incuria» lo sucedido y no dudaba en calificarlo de un «delito contra el patrimonio», aunque prescrito.
Mercedes Álvarez, José Vega y Eva Sánchez, políticos con diferentes responsabilidades en la gestión cultural de Asturias, llevan un año tratando de volver el mundo del revés. Tratan de apurar porque se les acaba el tiempo. Al culpable se le premia, al arqueólogo diligente y con un sólido prestigio en su campo -Ángel Villa- se le castiga, pero no un poco. Que caiga todo el peso de la ley sobre él. Por hallar el patrimonio perdido, por su valentía en la defensa de algo que es de todos. Y a Elisa Collado, directora del Museo Arqueológico, también se la expedienta. ¿Por qué? Por admitir en la Junta General, la institución que representa a todos los asturianos, que en este caso de la Campa Torres se había incumplido la ley.
¿Y la responsabilidad de los gestores? No existe. Abren expedientes, persiguen a gente honorable y cobran por ello.
Noticia de La Nueva España, hoy domingo día 30 de enero del 20011
martes, 25 de enero de 2011
Alégrame el día
Según un investigador británico, el doctor Cliff Arnalls de la Universidad de Cardiff el 24 de enero es el día mas triste del año. Pues para algunos parece que lo fue.
Así que no es de extrañar que yo ingenua de mí ajena a toda esta noticia, me despertara esta mañana con una frase de "Harry el Sucio" en una secuencia de una de sus películas ante un delincuente "alégrame el día", y se obró el milagro, espero caigan muchos más
Detenidos el ex consejero Riopedre, dos altas funcionarias y dos empresarios por corrupción
Los arrestos están vinculados con el caso de la empleada pública que se adjudicaba contratos informáticos - La Policía registró varios inmuebles y empresas en Gijón en los que requisó documentación impresa y ordenadores - La investigación relaciona la operación con una supuesta red de cobro y pago de comisiones ilegales
10:05
José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, en una imagen de archivo.
OVIEDO / GIJÓN, J. C. / J. A. A. / A. R. / J. E. M.
El ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; una ex alto cargo, María Jesús Otero, su «número dos», antigua directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la citada Consejería, y dos empresarios vinculados a las firmas Igrafo, V. M. M. M., y Almacenes Pumarín, A. S., fueron detenidos ayer en relación con un supuesto caso de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional. Las empresas abastecen de material de oficina y papelería a la Administración regional y varios consistorios asturianos.
Los arrestos están vinculados con una investigación destapada por LA NUEVA ESPAÑA en febrero de 2010, una denuncia interpuesta en Gijón por otro supuesto caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos administrativos del Principado, Marta R. A., que también fue detenida ayer y que venía siendo investigada por adjudicar contratos públicos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts, que habría recibido por esta vía ilegal al menos ochocientos mil euros.
El caso lo lleva la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón, que ayer ordenó varios registros domiciliarios y de sedes empresariales en los que los agentes de la Policía judicial recabaron abundante documentación impresa y ordenadores personales cuyos discos duros se están analizando.
El grueso de la investigación se sigue centrando, según pudo saber este diario, en la supuesta trama urdida por la alta funcionaria M. R. A., que también habría facturado numerosos contratos a las firmas que ahora son objeto de investigación. Tanto Igrafo como Almacenes Pumarín también habrían conseguido abundantes acuerdos de suministro con la Consejería de Educación en el período en el que estaban al frente José Luis Iglesias y María Jesús Otero. En este punto radicaría la supuesta vinculación de todos los detenidos.
Los arrestos constituyen el tramo final de la investigación abierta por la juez gijonesa, que mantiene el secreto de las diligencias desde hace casi un año y que incluso ha prescindido de los técnicos policiales para trabajar con asesores propios. Hasta ahora, la juez ni siquiera había tomado declaración a la funcionaria que centra toda la instrucción, Marta R. A., cargo de confianza de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que la suspendió de empleo y sueldo tras destaparse el caso.
Todos los implicados permanecen detenidos en la Comisaría de Gijón, a excepción del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, que está ingresado bajo arresto en el hospital debido a su delicado estado de salud. Está previsto que permanezcan detenidos hasta que pasen a disposición judicial, algo que podría tener lugar en las próximas horas.
Según pudo saber este diario, la detención de José Luis Iglesias Riopedre, la más llamativa, «sería un asunto colateral en el grueso de la investigación sobre los contratos de la funcionaria de informática».
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