¡En que manos estamos!

No doy credito, por más vueltas que le doy, bien dice el titulo el mundo al reves


PILAR RUBIERA El 21 de abril de 2010, LA NUEVA ESPAÑA publicaba el hallazgo en el búnker de la Campa Torres, de unas veinte mil piezas arqueológicas en estado de abandono. La noticia trascendió un año después de que el zulo fuera descubierto, en marzo de 2009, por el arqueólogo de la Consejería de Cultura, Ángel Villa, que buscaba en los almacenes de la Campa piezas para el futuro Museo Arqueológico.

Villa notifica del hallazgo a la responsable de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Pilar Lafita, organismo del que depende la Campa, y a la directora del Museo Arqueológico, Elisa Collado. Aporta un informe y un reportaje fotográfico. La Consejería de Cultura considera que cometió «una falta muy grave» por no informar a su jefa de servicio, que se entera del hallazgo el día 29 de marzo de ese mismo año, por un documento que envía a la Consejería la Fundación Municipal de Cultura Gijón.

La calificación de esa falta administrativa está penada con: 1/ Despido disciplinario. 2/ Suspensión de empleo y sueldo con una duración máxima de 6 años. 3/ Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. 4/ Demérito, que consistirá en la penalización a afectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

La Consejería de Cultura no se pregunta quién dejó las piezas en ese lugar y en qué medida las administraciones son responsables de tamaño atentado patrimonial.

Las excavaciones en la Campa Torres habían concluido diez años antes y habían sido realizadas por el fallecido José Luis Maya y Francisco Cuesta, director desde enero de 2010 del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Las hemerotecas son ayuda fundamental en estos casos. El mismo día que este diario publicó la noticia, Francisco Cuesta habló con LA NUEVA ESPAÑA. Fue el único a quien no sorprendió el hallazgo. «Hace mucho que no voy por allí, casi milenios, por tanto no sé qué se hizo con los materiales que depositamos en una especie de almacén». Cuesta atribuyó la responsabilidad del estado del material a la directora de Museos del Ayuntamiento, Paloma García.

Olvidó Cuesta y olvida Cultura, tan legalista ella, dos preceptos fundamentales en la actividad de cualquier arqueólogo: el artículo 67.4 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural y artículo 42.2 de la Ley/85 de Patrimonio Histórico Español. Dicen así: los materiales arqueológicos se entregarán en el Museo Arqueológico de Asturias «debidamente inventariados, catalogados y acompañados de la memoria de excavación», imperativo que lleva implícita la formalización tanto del depósito de los materiales en el Museo como de un documento con el inventario y, en su caso, memoria que lo acrediten.

Olvida Cultura también que su titular, Mercedes Álvarez, dijo en sede parlamentaria que el lugar donde se hallaron los restos era un «depósito deslocalizado» y, sobre todo, olvida el dictamen de la fiscalía, que tachaba de «incuria» lo sucedido y no dudaba en calificarlo de un «delito contra el patrimonio», aunque prescrito.

Mercedes Álvarez, José Vega y Eva Sánchez, políticos con diferentes responsabilidades en la gestión cultural de Asturias, llevan un año tratando de volver el mundo del revés. Tratan de apurar porque se les acaba el tiempo. Al culpable se le premia, al arqueólogo diligente y con un sólido prestigio en su campo -Ángel Villa- se le castiga, pero no un poco. Que caiga todo el peso de la ley sobre él. Por hallar el patrimonio perdido, por su valentía en la defensa de algo que es de todos. Y a Elisa Collado, directora del Museo Arqueológico, también se la expedienta. ¿Por qué? Por admitir en la Junta General, la institución que representa a todos los asturianos, que en este caso de la Campa Torres se había incumplido la ley.

¿Y la responsabilidad de los gestores? No existe. Abren expedientes, persiguen a gente honorable y cobran por ello.

Noticia de La Nueva España, hoy domingo día 30 de enero del 20011